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Esta semana se desarrolló la Audiencia Oral del proceso de amparo por el cumplimiento de acuerdos de consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica, interpuesto por la organización indígena AIDESEP y  el Instituto IDLADS; en ella el SENACE, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y la empresa COHIDRO insistieron en desconocer el cumplimiento de los acuerdos de consulta previa del proyecto vinculados al desarrollo de estudios toxicológicos con estándares internacionales, la culminación del estudio de ingeniería a detalle y la paralización del dragado del río por la aparición de una migración de peces (mijano).
En la Amazonía, la ampliación de la infraestructura vial es uno de los principales factores que favorecen la deforestación y cambio de uso de suelo (CUS), que se dan al ampliar la frontera agropecuaria o realizar actividades extractivas. La evidencia sobre esta relación es abundante, por ejemplo, el BID reconoce que en la Amazonía la deforestación asociada a carreteras se da hasta 50 km de distancia de las vías (BID, 2016).
Este miércoles 24 de noviembre, especialistas internacionales y nacionales se reunirán para presentar los hallazgos del Estudio de necesidades y capacidades locales en el área de influencia del proyecto Iquitos-Saramiriza, el cual es resultado de un trabajo de investigación realizado por la Asociación Civil DAR y las organizaciones indígenas ORPIO y CORPI-SL en 21 comunidades nativas de las cuencas de los ríos Tigre y Morona, en Loreto, con aportes de expertos nacionales e internacionales.
Graves ausencias se evidenciaron el domingo último en el bloque de análisis sobre protección del medio ambiente y desarrollo sostenible del debate de equipos técnicos en miras a la segunda vuelta electoral, presentado por Hernando Guerra García, por Fuerza Popular; y Celeste Rosas, por Perú Libre.