Por César Gamboa, Vanessa Cueto, Diego Saavedra, Verónica Portugal, María Sembrero y Lucía León
Derecho Ambiente y Recursos Naturales
Esta semana ha empañado 20 años de esperanza por la democracia y, sí, por el crecimiento económico; el pacto implícito que tenemos los peruanos por aceptar sacrificios en pos de seguir desarrollándonos. Una frágil paz que a lo mucho se establece en espacios privados y pobremente en el público. Los arreglos constitucionales parecen resquebrajarse y la construcción de la meritocracia es ya una utopía. Simplemente, la llegada de un gobierno de transición se convierte en una suerte de amenaza que puede hacernos perder todo el sacrificio de lo vivido, incluso el consenso al rechazo de la violencia que nos costó mucho en los ochenta, para abrazar un populismo conservador que termine por dividirnos aún más como sociedad.
Lo que sucedió el 9 de noviembre de 2020 puede calificarse de muchas maneras, “golpe constitucional”, “golpe legislativo”, pero lo más importante es cómo puede afectar el modelo político, económico y social, especialmente el futuro del Perú en la próxima década. No es una lucha entre buenos y malos, no es solo una vacancia sin legitimidad política, no es solo que la corrupción nos asalte permanentemente y todo ello genere una abultada desconfianza hacia la élite política y económica; y o el repudio a un modelo político desgastado, poniendo en peligro la ganancia de unos y la poca ganancia de todos en estos veinte años.
Una vez producido el cambio de Gobierno, se vienen desnudando los intentos por debilitar el sistema de calidad universitario; incluir en el presupuesto de la República, proyectos de inversión que no responden a un sustento técnico, sino seguramente responden a intereses particulares, sumamente particulares.
En fin, uno esperaría que este Gobierno sea de trámite, de transición hacia las elecciones del próximo año, pero vemos que se pretenden realizar reformas legales en función a intereses muy particulares, intereses que gozan de un control político cuasi pleno, que pueden actuar al tener una actuación más coordinada entre la representación congresal y el Poder Ejecutivo, la separación de poderes al olvido.
Desde la perspectiva ambiental, la cosa tampoco iba bien con Vizcarra. El proceso de debilitamiento de requerimientos, estándares, salvaguardas, arreglos institucionales, en fin, instrumentos que garanticen que toda inversión debe adecuarse a una visión de desarrollo a futuro considerando mínimamente la salud de las personas o ecosistemas frágiles se iba desmantelando desde el 2013. Después de siete años, la lucha frontal que realiza el ciudadano frente a los delitos ambientales, especialmente en la amazonía, es cada vez más crítica. Instituciones como el Poder Judicial, las Fiscalías Especializada en Materia Ambiental o la Procuraduría Ambiental, entre tantas instituciones del Estado, han venido liderando una política de persecución de estos ilícitos que solo nos confinan a todos a vivir más en la pobreza . Y es que el costo de la remediación ambiental por la tala indiscriminada, por la contaminación producida por la minería aluvial o el tráfico ilegal de fauna, lo pagamos todos con el erario nacional.
En esta dirección, en los últimos dos días se han presentado dos proyectos de ley para darle la estocada final a nuestro intento serio de un Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y terminar por hacer ineficiente al EIA (PL 6639/2020-CR). Y no solo ello, sino también terminar por legalizar “la minería ilegal” (PL 6641/2020-CR), toda una contradicción, que ya era cuestionable con el último proceso de formalización de la minería artesanal y pequeña minería (2012).
En el caso del Proyecto Chehade, llamado “Proyecto de ley que modifica los artículos 3, 7, 12 e incorpora Disposiciones Transitorias a la Ley N° 27446, «Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental», con el fin de reactivar la economía impulsando la inversión pública nacional, regional y local con la participación del sector privado para promover el crecimiento económico sostenido del país”, queda claro que no hay una lectura humana frente a la situación de indefensión que vienen viviendo miles de compatriotas que luchan contra la COVID-19, pues prima una visión rentista, tan solo de empujar una reactivación económica sin una perspectiva de sostenibilidad y de enfoque de derechos, pues ni la participación ciudadana, ni la consulta previa son tomadas en cuenta.
En otras palabras, se flexibiliza la evaluación ambiental en tres supuestos: (1) Excepción de certificación ambiental previa a proyectos “accesorios” de proyectos principales o de servicios; (2) Excepción de certificación ambiental al 10% de la inversión del proyecto que no incluyó en su momento una certificación ambiental previa a dicha operación; y (3) Desnaturalización de la evaluación ambiental al incluir otro tipo de criterios como la “promoción del empleo y la sostenibilidad social”.
Básicamente, lo que propone este proyecto es legalizar la inversión “informal” en todos los sectores y crear un régimen de impunidad de actos continuos en proyectos de inversión que han sido ejecutados sin contar con la adecuada certificación ambiental. Promueve el desarrollo de actividades que, potencialmente, pueden causar impactos sin asegurarse de evaluarlos.
En el caso del Proyecto de Unión Por el Perú (UPP), denominado “Proyecto de ley que crea condiciones para desarrollar sosteniblemente la minería aurífera aluvial amazónica como principal actividad alternativa ante el impacto del Covid-19”, no es que sorprenda que establezca como objeto “promover el desarrollo económico sostenible de la actividad de la pequeña minería y minería artesanal aluvial en áreas permitidas mediante la formalización” (art. 1), sino que todo el proyecto se olvida, al menos, de hacer mención a qué estándares sociales o ambientales pudieran adecuarse estas actividades económicas.
El proyecto se enfoca en la minería aluvial amazónica (art. 2) e identifica entidades responsables de la promoción de la formalización minera (art. 3), aunque no plantea, ni mínimamente, cuáles serían las funciones generales ni orientaciones específicas para los arreglos institucionales (p. ej., equipos multidisciplinarios a conformarse, entre Ministerios y Gobiernos Regionales, sin especificar con qué objetivo).
Lo que llama poderosamente la atención son dos supuestos. El primero es que se permitiría que aquel operador minero con el Registro Integral de Formalización Minera REINFO vigente pueda otorgar contratos de concesión a pesar de tener concesión caduca (art. 5), una fórmula legal para que sigan extendiendo sus operaciones.
El segundo está en que lo peligroso de esta propuesta es que autoriza la utilización de artefactos y maquinarias, es decir, se permite el uso de dragas, cargador frontal, retroexcavadora, volquete, compresoras y perforadoras neumáticas. El DL 1100 utilizaba este uso de maquinaria prohibida como un criterio para distinguir la minería ilegal de la informal.
Este PL, por lo tanto, también tiene incidencia en materia penal, y no solo en materia de formalización minera, pues estaría legalizando “la minería ilegal” al permitir el uso de las dragas, lo que supone vaciar de contenido jurídico la lucha frontal realizada por los distintos órganos jurisdiccionales. Esto pondría fin no solo a la lucha contra la minería ilegal, sino también contra los otros ilícitos penales alrededor de esta, especialmente el de la corrupción.
Estamos en un debate político por impedir que se debilite aún más la democracia y por vivir un periodo de transición lo más pacífico posible, pero este tipo de propuestas normativas y reformas en general, no solo atentan contra el statu quo y desconocen la historia reciente de la lucha contra los delitos ambientales y la labor de jueces, fiscales y procuradores, sino que generan incertidumbre en el futuro de la amazonía, y con ello, en nuestro futuro.
