Una nueva consulta previa: A 5 años de consulta previa de la Hidrovía Amazónica
Por Diego Saavedra Celestino
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
Se han cumplido 5 años de la consulta del proyecto Hidrovía Amazónica, proyecto único en su tipo en el país y con ausencia de información científica sobre las zonas a intervenir, pero priorizado en la lista para la reactivación económica. Desde que se conoció que proponía intervenir ríos importantes como el Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas, los pueblos indígenas señalaron que era imposible predecir a los ríos y planificar puntos de dragado.
Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado por el incumplimiento de un acuerdo de consulta previa. Se acordó que se realizarían estudios complementarios a cargo del Estado, si se encontraban altos niveles de sustancias tóxicas. Esto fue confirmado por el EIA en 2019, que además mostró que los puntos de dragado eran más de los identificados en 2015. Sin embargo, estos estudios aún no son públicos.
La consulta es un diálogo intercultural para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, para dialogar hay que reconocerse en las diferencias y aprender del otro, para así, incluir la cultura y expectativas de ambas partes, en la construcción del consentimiento. Sin esta dimensión político-pedagógica, no se puede medir si se comprende lo que se consulta, y si sus acuerdos son representativos de dicho proceso. Al abandonar esta dimensión, se asume solo como obligación administrativa y no como deber del Estado.
Pero ¿cómo resolvemos esto? Primero, desarrollar una etapa previa que reduzca la desigualdad de condiciones en que se participa, e incluir criterios para el seguimiento posterior de acuerdos. Segundo, evaluar el desarrollo del derecho a la luz del avance de las autonomías indígenas. La autodeterminación está llevando, en diferentes partes de la Amazonía, a construir protocolos autónomos de consulta previa, elaborados por los propios pueblos y que expresan su cultura y expectativas. Tercero, reformar la institucionalidad indígena en el Estado, ya que, a 10 años de creado el Viceministerio de Interculturalidad, es necesario repensar si esa estructura es funcional para la protección de los derechos indígenas o no. Finalmente, retomar el debate sobre cuándo es el mejor momento para realizarla. En ese sentido, las reformas antes planteadas deben reforzar el carácter previo de la consulta, identificando mejor los momentos, garantizando información y participación plena.
Sin embargo, mientras la consulta se siga identificando como una traba, como en el Plan Estratégico Institucional del MTC aprobado en mayo de este año, esto seguirá siendo una batalla jurídica y procedimental. Buscando atender esta problemática, este viernes 9 de octubre, AIDESEP por Perú, junto a COICA y organizaciones de Colombia, Brasil y México, exigirán ante la CIDH mediante audiencia pública, no solo que se respete este derecho de parte de los Estados, sino que se fortalezca a la luz de sus propuestas y avances en la materia.
