- Organizaciones indígenas advierten que iniciativa de la ministra de Economía vulnera la esencia de convenio internacional que determina que la consulta debe ser libre, previa e informada.
- Comunidades indígenas amazónicas y andinas habitan zonas donde se presentan grandes brechas de acceso a internet, pero el gobierno quiere implementar consultas previas virtuales.
Lima, 8 de julio de 2020.- Diferentes organizaciones indígenas andinas y amazónicas a nivel nacional reafirmaron su contundente rechazo a la iniciativa del gobierno de implementar consultas previas virtuales, que debilitarán el derecho de los pueblos indígenas de participar en las decisiones que afectan sus derechos.
El último 30 de junio, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, señaló que, en el marco de la reactivación económica del país, el gobierno facilitará la continuidad de los proyectos mineros. Para este fin, indicó que se viene coordinando con los ministerios de Energía y Minas y Cultura para la realización de consultas previas virtuales.
Durante conferencia de prensa virtual de hoy “La nueva infracción a la consulta previa en el Perú: Consultas previas virtuales de cara a la reactivación económica y el avance del COVID-19 en pueblos indígenas”, los voceros de las organizaciones indígenas AIDESEP, FENMUCARINAP, CONAP, CCP, CNA y UNCA advirtieron que la iniciativa de la ministra Alva supone una vulneración grave de tratados internacionales del derecho a la consulta previa y sus principios, como es el Convenio 169 de la OIT.
“Ya existen vulneraciones a la consulta, una de las principales es que no se consultan servicios públicos [como carreteras o hidrovías]. Hay una disposición en el Reglamento de consulta previa y dice que las medidas administrativas que aprueban servicios públicos no se consultan. Es decir, si una minera necesita una carretera para facilitar su transporte de carga, el gobierno se la facilita sin importar si eso vulnera los derechos de las comunidades indígenas o campesinas”, afirmó Lourdes Huanca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).
Según Huanca, en el Perú hay 3 millones de mujeres indígenas y de ese total, aproximadamente medio millón son analfabetas. Por ello, cuestiona la eficiencia de una consulta previa virtual en poblaciones que desconocen el uso de nuevas tecnologías.
Para Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), las declaraciones de la ministra Alva evidencian la intención estatal de priorizar la agenda empresarial antes que atender las necesidades esenciales de las comunidades indígenas.
“El MEF entiende que la consulta es solo un trámite para aprobar proyectos, un requisito administrativo, por eso cree que se puede hacer virtual. La consulta es un derecho fundamental que asegura la vida de los pueblos indígenas”, opinó Cauper.
El Perú tiene una enorme brecha de conectividad y cobertura de internet, y de comunicaciones en general. Ante esta realidad, las organizaciones indígenas cuestionan la eficiencia de una consulta previa virtual que recoja las opiniones de su población.
Los líderes indígenas andinos y amazónicos resaltaron que las comunidades no cuentan con infraestructura necesaria y no están capacitadas en el uso de plataformas virtuales de comunicación, “somos una población que no tenemos acceso a medios de comunicación e internet, cómo es posible que tengan que aplicar una consulta previa virtual? ¿cómo vamos a responder si no tenemos estas tecnologías en nuestras comunidades? ¿A quiénes quieren consultar?”, cuestionó Hugo Jilaja, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).
De acuerdo a información del Ministerio de Cultura, en el Perú viven actualmente 55 pueblos indígenas. De ellos, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes.
CERRAR BRECHAS INTERCULTURALES
Para Oseas Barbarán, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, (CONAP) antes que implementar una consulta previa virtual, el gobierno debe “cerrar brechas en servicios, pero también brechas interculturales. La pandemia nos ha enrostrado la lentitud del Estado para atender a los pueblos indígenas. Esto se debe a la ausencia de servicios de salud, de comunicación, y de información sobre las necesidades y condiciones en las que viven los pueblos indígenas. En ese marco se quieren desarrollar consultas virtuales, eso no va a funcionar, va a afectar aún más el derecho”.
Para las organizaciones indígenas se debe fortalecer la consulta previa, no debilitarla. Recordaron que este 2020 se cumplen 25 años de la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en el Perú, Convenio madre del derecho a la consulta previa. Sin embargo, se viene implementando en el país solamente por ocho años, con un continuo debilitamiento del mismo.
“No debe haber exclusiones en la consulta previa. El convenio 169 de la OIT y diferentes sentencias de la CIDH reconocen este derecho como fundamental, reconociendo que toda decisión, toda medida administrativa y legislativa que tome el Estado y pueda afectar derechos indígenas, deben ser sometidas a consulta previa”, opinó Antolín Huascar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA),
SIN AYUDA ESTATAL
Los líderes de las organizaciones indígenas andinas y amazónicas lamentaron que durante el periodo de la actual crisis sanitaria no han recibido ayuda estatal y ven con preocupación cómo el COVID-19 avanza en sus comunidades, con la pérdida de vidas indígenas.
“Hay un diálogo intercultural pendiente en el Estado. La emergencia sanitaria nos tiene indefensos, cientos de casos sin atención, y frente a eso, se propone consulta virtual. No permitiremos que se avance con eso a costa de la vida de nuestras hermanas y hermanos”, manifestó Wilder Sánchez, presidente de la Confederación Campesina del Perú (CCP).
DATO
La consulta es un derecho colectivo de los pueblos indígenas que les permite participar activamente antes de la aprobación de una medida legislativa o administrativa que pueda afectar sus derechos, medidas mediante las que se autorizan planes o proyectos de inversión de gran envergadura. Por ello, no puede ser entendido como un proceso de información sino como un proceso de diálogo que busque el acuerdo o consentimiento entre el Estado y los pueblos indígenas.
