Opinión: La oportunidad para las y los defensores ambientales
Aída Gamboa Balbín
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
América Latina y el Caribe (LAC) afrontan una crisis política y económica que ocasiona que varios países flexibilicen sus regulaciones ambientales para acelerar las inversiones. Muchos de estos cambios, por ejemplo, como en el caso de Perú se realizaron sin participación ni transparencia. Asimismo, la región es considerada como la más peligrosa del mundo para quienes defienden sus territorios. Según datos de Front Line Defenders, Civicus y Global Witness para diciembre de 2018, más de 170 defensores fueron asesinados y en 2017, se contabilizaron alrededor de 209.
Por otro lado, Perú aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos (2018) que dispone la elaboración de un Plan de Acción específico sobre empresas y derechos humanos, y mecanismos para las y los defensores. Uno de ellos es el reciente aprobado protocolo de protección que incluye un registro nacional de denuncias y un sistema de alerta temprana. El Poder Judicial cuenta con el Observatorio de Justicia Ambiental como parte de los compromisos del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, donde participan entidades públicas y organizaciones de sociedad civil. Aunque existen avances en derechos humanos en algunos países, esta no es la regla común.
Por su parte, las propias organizaciones indígenas, principales afectadas, vienen realizando esfuerzos para afrontar esta situación. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), en sus nueve bases regionales, viene implementando el Programa de Defensores y Defensoras Indígenas que combina documentación, capacitación de líderes, incidencia en organismos internacionales y defensa jurídica de defensores criminalizados. En Perú, AIDESEP lidera este proceso.
Sin embargo, una respuesta concreta de la región, desde los gobiernos, fue la aprobación por 24 países de LAC del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) en marzo de 2018. El primer tratado regional ambiental que materializa el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, que además incorpora disposiciones específicas para la protección de las y los defensores ambientales.
Sobre esto, el Acuerdo menciona que los Estados: 1) deberán garantizar un entorno seguro y propicio para puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad; 2) tomarán las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos sus derechos; 3) tomarán medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir.
El Acuerdo de Escazú proporciona una base para impulsar en los Estados la creación de una institucionalidad integrada y coordinada que se encargue de reconocer y proteger a las y los defensores ambientales. De igual modo, monitorear y tomar medidas (preventivas y sancionadoras) ante las amenazas que puedan enfrentar. Hablamos del único tratado en materia de derechos humanos que integra estos elementos, lo que podría coadyuvar a reducir los conflictos sociales y entablar un camino hacia el desarrollo sostenible.
Desde sociedad civil y organizaciones indígenas, nacional e internacionales, apostamos por este proceso y esperamos que al menos 11 poderes legislativos de la región puedan ratificar el Acuerdo antes de septiembre de 2020 (Bolivia y Guayana ya lo hicieron), fecha tope para ello según el propio texto. Hacemos un llamado para que nuestro Congreso de la República pueda ratificar este instrumento, hito para la democracia ambiental.
