Opinión: Consulta previa sin recortes
Por Diego Saavedra Celestino
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
*Columna en Diario La República
El reciente y lamentable conflicto en Loreto entre comunidades nativas y una empresa extractiva, que cobró la vida de tres pobladores indígenas Kukama-kukamiria, así como el repunte incontrolable del COVID-19 en el mes de julio, son de alguna forma, consecuencia del desequilibrio entre lo económico y lo social. Donde lo primero expresado en medidas de reactivación económica se convierte en prioridad, postergando la atención a la salud y relajando medidas de protección en los últimos meses. Esto, en pos de recuperar la inversión y nuestra recaudación fiscal.
En este marco, en diversos momentos de esta reactivación, autoridades del Gobierno vienen proponiendo recortar de alguna manera la consulta previa, reduciendo sus tiempos, a pesar de que existe un marco jurídico que señala plazos y etapas para su realización; o reduciendo este derecho a consultas virtuales, como una fórmula para el retorno de las inversiones.
Debemos recordar que la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas que -en base a un diálogo intercultural y de buena fe con el Estado- garantiza que sean parte de las decisiones del Estado que les puedan afectar. En el actual contexto más que nunca, este derecho puede asegurar la existencia de los pueblos indígenas. Sin embargo, este desequilibrio entre lo económico y lo social, incluso antes de la pandemia, ya deterioraba este derecho.
El carácter previo de la consulta sigue siendo un debate, ya que priorizando no afectar al inversionista, se consultan medidas que, por lo general no contienen información sobre los impactos que puede generar un proyecto, o medidas que no son parte de la planificación de proyectos.
Asimismo, sigue existiendo un déficit en las condiciones de preparación de los pueblos indígenas de cara a una consulta, debido sobre todo a la calidad, cantidad y oportunidad de la información que se comparte sobre lo que se consulta. Como resultado, se terminan acordando acciones vinculadas a servicios u otros que no se relacionan con la medida consultada. Y para complementar el panorama, el desconocimiento sobre quién se encarga de hacer que estos acuerdos se cumplan, termina, en varios de los casos, por dejar a la deriva el proceso.
El actual contexto no permite simplificar derechos, sino que debe hacerse un balance y ser claro sobre el nivel de cumplimiento de los acuerdos de consulta previa, incorporar variables que permitan medir la calidad de forma intercultural, y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en las consultas.
Es fundamental reflexionar sobre la importancia de la consulta para una sociedad más igualitaria e intercultural, y sobre la calidad de su desarrollo y acuerdos a los que llega. Es vital un cambio en el enfoque de las prioridades: es importante valorar la cantidad de consultas realizadas, pero más importantes aún son los aprendizajes obtenidos.
Así como en economía las estadísticas frías pueden hacernos perder el foco sobre la calidad y la forma en que esa economía lucha contra la desigualdad, de la misma forma, a la hora de pensar en modificaciones y cambios en derechos como la consulta previa, estos deben priorizar en primer lugar la calidad y eficiencia de su implementación. Para ello es clave que sectores como el MTC y el MINEM, en su rol de promoción, y el MINCU como asesor técnico, presenten balances autocríticos públicos y garanticen la plena implementación de este derecho.
