Cerrar la brecha de infraestructura parece ser el objetivo político global del momento. Megainiciativas como el Nuevo Camino de la Seda, impulsado por el gobierno chino y la diversidad de fondos y agencias especializadas al interior de toda la banca para el desarrollo (BID, BM, CAF y Bancos nacionales, entre otros) trabajando en capitalizar la cartera IIRSA/COSIPLAN, junto a la cantidad de reformas normativas que se están dando a nivel nacional para acelerar las inversiones en este sector son una muestra de los vertiginosos cambios que estamos viviendo y la influencia directa de estos organismos en el sector.

¿Pero cuáles son las condiciones políticas, normativas y de gobernanza que se necesitan para que esta infraestructura sea realmente sostenible y cumpla con mejorar la calidad de vida de los sectores que lo necesitan con más urgencia?

Muchas de las iniciativas actuales se centran en la construcción de megaproyectos en la cuenca amazónica; que constituye un ecosistema frágil y megadiverso, un importante sumidero de carbono y un espacio fundamental para la regulación del ciclo hídrico. No obstante, nuestros gobiernos continúan promoviendo iniciativas de infraestructura que no toman en cuenta las buenas prácticas recomendadas por expertos de diversos campos, dejándose guiar por el mito de que la infraestructura trae desarrollo por generación espontánea, a pesar de la abundante evidencia acerca de lo importante de tener mecanismos de prevención, mitigación y remediación de impactos ambientales (deforestación y calidad del agua) y sociales (sobre todo en el fomento de economías ilegales), desarrollo local, asignación de derechos, entre varios otros. Inframazonía busca aportar al debate sobre esta problemática.

Inframazonía es una iniciativa conjunta de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Conservation Strategy Fund y las organizaciones indígenas AIDESEP, ORPIO, CORPI y ORAU.