Existen dos diagnósticos paralelos en cuanto a los impactos de las carreteras en el territorio. El primero de ellos, liderado por el MTC, materializado en la actuación de Provías Nacional, con el apoyo del BM y el BID; que hace un análisis general aplicado a todas las carreteras rurales del Perú, sin hacer distinciones entre sus impactos en diferentes regiones o ecosistemas, ni considerar la gravedad de la problemática que significa la superposición de sus proyectos viales sobre usos y derechos otorgados sobre la tierra. El segundo diagnóstico, liderado por el MINAM, con apoyo de la DCI, nos habla de las carreteras como catalizadores de actividades informales e ilegales y de una agricultura poco rentable y poco sostenible, por ocurrir en suelos de aptitud forestal, no agrícola.

Ambas aproximaciones coinciden en que la construcción y el mejoramiento de carreteras gatillan una serie de actividades económicas, empero se necesitan de ciertas condiciones para que estas oportunidades sean aprovechadas por las comunidades locales, asentadas en sus ámbitos de influencia, evitando que se conviertan en vías de entrada para la ocupación informal y desordenada del territorio, más aún de actividades como la tala o la minería ilegales.

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