Por Annie Morillo
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
La semana pasada el Acuerdo de Escazú ingreso al Legislativo colombiano para iniciar su proceso de ratificación. Gran avance dado que hace tan solo un año ni siquiera lo había firmado, a pesar de su activa participación en la negociación del contenido.
Durante la serie de protestas que convulsionaron la región desde el año pasado, la población demandó al Gobierno de Colombia –país miembro de la Alianza del Pacífico y de la OCDE, tan anhelada por nosotros– su compromiso de firmar el primer tratado regional para la protección de las personas defensoras del ambiente y los derechos de acceso a información, participación y justicia ambiental.
Hace casi un año también, nosotros hicimos lo mismo, el 5 de agosto de 2019, el Gobierno peruano envió el expediente para empezar su ratificación. Si bien la coyuntura del Congreso 2016-2019, empañó el proceso, las nuevas elecciones trajeron consigo candidaturas comprometidas con priorizar el Acuerdo en la agenda parlamentaria. Pero en el último mes, una campaña de desinformación que apela a nacionalismo infundados e intereses políticos y económicos pretenden paralizar la oportunidad de darle poder a la ciudadanía para que sean escuchados en los procesos de toma de decisión de proyectos que impacten su entorno y territorio o que accedan a procesos justos cuando sean afectados.
Escazú no atenta contra la soberanía nacional, quienes lo señalan desvirtúan su contenido, pues expresamente su artículo 3 lo contradice. Sucede igual al afirmar que no es necesario porque ya contamos con normativa ambiental, cuando para nuestro país el Acuerdo mejoraría las condiciones para el ejercicio de derechos ya normados, hacerlos efectivos, y no un simple checklist administrativo.
La nueva normalidad por la COVID-19 traerá consigo la promoción de una serie de inversiones para reactivar la economía, pero si no va de la mano con el respeto de los derechos de todos y todas, solo alistamos el camino para más conflictividad socioambiental. Es necesario que el Congreso tome una decisión informada con argumentos claros, que incluya a pueblos indígenas, comunidades rurales y toda población vulnerable que se beneficiará con el Acuerdo.
La nueva normalidad necesita Escazú.
