Lima, 6 de agosto de 2020.- Este martes, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Ambiente del Congreso aprobó el Predictamen que propone la Ley Marco sobre Monitoreo y Vigilancia Ambiental, mediante la cual se lograría integrar la vigilancia ciudadana e indígena al Sistema Nacional de Gestión Ambiental, como uno de sus puntos más importantes.
Con ello, además de reconocer formalmente la existencia de estos sistemas de vigilancia indígena o ciudadana, la información que recogen podrá ser empleada oficialmente por el Estado. De esta forma se mejorará las respuestas ante incidentes ambientales y se fortalecerá las acciones de monitoreo ambiental, sin que ello implique el reemplazo de organizaciones oficiales como el OEFA. La aprobación del Predictamen, realizada con 6 votos a favor y 3 abstenciones (AP, FP y FREPAP), constituye un importante hito hacia el reconocimiento de las diversas iniciativas de monitoreo existentes.
Dicha aprobación es resultado de un proceso participativo que data de más de 5 años en donde organizaciones indígenas amazónicas como ORPIO, CORPI-SL, COMARU, AIDESEP, trabajaron presentando una serie de aportes técnicos. En este tiempo el trabajo de diferentes iniciativas locales de organizaciones indígenas, campesinas y de sociedad civil permitió conocer -entre otros- la situación de los pasivos ambientales en la Amazonía norte, o los impactos de actividades extractivas en regiones como Cusco, La Libertad, o Puno; y con sus alertas, informar de manera rápida sobre derrames o diferente afectaciones al ambiente.
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) ha contribuido a lo largo de este proceso mediante aportes técnicos y recomendaciones a la iniciativa del proyecto de Ley, dado que su aprobación mejoraría sustancialmente el sistema de gestión ambiental de nuestro país al integrar la información de los pueblos indígenas, quienes viven en territorios donde no llega el Estado.
Al respecto, Diego Saavedra, especialista de DAR señala: “Los sistemas de vigilancia indígena han demostrado ser eficientes. Experiencias de vigilancia indígena en diferentes partes de la Amazonía vienen trabajando como mecanismos de control territorial hace décadas, protegiendo y denunciando impactos ambientales”.
“Es justo no solo reconocer su trabajo, sino articularlo al sistema nacional para ser aún más eficientes. Esta vigilancia es expresión del derecho al territorio y al ambiente sano que tienen los pueblos indígenas y la ciudadanía en general. Por ello, es momento de avanzar hacia el siguiente paso, reconociéndolos al articular sus resultados a los sistemas formales”, añade Saavedra.
En este contexto, donde el COVID-19 requiere el distanciamiento social y aislamiento territorial para evitar el contacto, los sistemas de vigilancia y monitoreo se han sumado a supervisar el ingreso de agentes externos a sus territorios. La protección de la salud y la mejora de su calidad es uno de los objetivos de la vigilancia y el monitoreo, por lo que surge desde ellos una preocupación por una reactivación económica que prioriza inversiones sin garantizar la seguridad y las condiciones adecuadas de salud.
El Congreso de la República debe avanzar en el camino hacia la aprobación de este proyecto de ley, ya que la vigilancia y monitoreo socioambiental indígena y ciudadano tiene potencial para prevenir conflictos socioambientales; y mejorar y fortalecer el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, aportándole mayor información sobre la realidad local y alertando de forma temprana acerca de potenciales desastres ambientales.
