Avances en la agenda de derechos ambientales: el Acuerdo de Escazú
Aída Gamboa Balbín
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
El Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación y Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú), negociado durante más de seis años, fue aprobado en marzo de 2018 por 24 países de América Latina y el Caribe (ALC), convirtiéndose en el primer tratado regional ambiental que plasma el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y ÚNICO en el mundo que incorpora obligaciones para los Estados en cuanto a la protección de las y los defensores ambientales.
Este Acuerdo cuenta con el apoyo de diversos organismos e iniciativas internacionales. Por ejemplo, la Asamblea General de la OEA, el 28 de junio pasado, aprobó la Resolución sobre la Promoción y Protección de Derechos Humanos, donde alienta a los Estados de ALC a que consideren firmar, ratificar o adherirse (según sea el caso) al Acuerdo de Escazú por ser un instrumento que concreta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que propone hacer equitativamente efectiva las necesidades ambientales, sociales y económicas de la generación actual y futura, aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Desarrollo Sostenible en 2015.
Asimismo, durante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de la ONU (9-18 de julio de 2019) –que monitorea y revisa la Agenda 2030–,15 relatores especiales y 2 grupos de trabajo de expertos enviaron una carta especial a los Estados de ALC instando a la ratificación del Acuerdo. Entre las razones expuestas: garantiza la buena gobernanza ambiental y los derechos humanos; y ofrece importantes estándares para abordar los desafíos al cambio climático, el declive de la diversidad biológica, la contaminación y el uso insostenible de los recursos naturales. Además, porque busca proteger la diversidad cultural de ALC al reconocer los derechos de los pueblos indígenas y a las personas defensoras de derechos humanos ambientales en un momento donde la región es la más peligrosa por los niveles de violencia, intimidación y acoso sin precedentes que sufren.
Por otro lado, se han generado otras iniciativas interesantes. Hace unas semanas, en Argentina han condenado a YPF por no brindar información sobre fracking, catalogándose como el primer fallo en la región en invocar el Acuerdo entre sus fundamentos. Asimismo, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que representa a nueve bases nacionales, viene tomando acciones para incorporarse en el proceso de ratificación del Acuerdo a través del Programa de Defensores y Defensoras Indígenas.
A la fecha, 17 países han depositado sus firmas en Naciones Unidas y 3 países de ellos lo han ratificado: Guyana, Bolivia y Uruguay. El reto para que este instrumento entre en vigor es que 11 poderes legislativos de la región puedan ratificarlo antes de septiembre de 2020, fecha límite según el propio Acuerdo. En el caso de Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya remitió al Congreso de la República la documentación respectiva al Acuerdo para su ratificación mediante Resolución Suprema N° 123-2019-RE, el 26 de julio último. Desde sociedad civil nacional esperamos que la discusión de este instrumento sea una prioridad en la segunda mitad del año para nuestras fuerzas políticas en el Congreso y nos cristalicemos como el cuarto país en ratificarlo.
