Retos del Marco Normativo Actual e Institucionalidad
El sector Hidrocarburos necesita una reforma para fortalecer responsabilidad socioambiental, derechos humanos y participación ciudadana. Asimismo, los cambios legislativos deben tomar en cuenta todos los antecedentes, accidentes o negligencias socioambientales que se han ido generando en el transcurso de la historia en el desarrollo de este sector.
Sin embargo entre los años 2016 y 2017 justificando que la demanda de hidrocarburos aún supera la oferta se propusieron iniciativas legislativas para la modificaciones de la “Ley que defiende los intereses del Estado y de los usuarios en la explotación de los Hidrocarburos”, “Ley de fortalecimiento de PERUPETRO S.A.” y la “Ley de promoción de la Industria de Hidrocarburos”.
Ante esto, en el año 2018, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó un Dictamen de Mayoría, en la cual junta estas propuestas, anteponiendo nuevamente la aceleración económica ante un desarrollo sostenible. Debilitando así la institucionalidad ambiental tratando de imponer la opinión vinculante del Ministerio de Energía y Minas y debilitando el rol rector del Ministerio de Ambiente, vulnerando el derecho de propiedad de terceros y el derecho colectivo de territorio de los pueblos indígenas al intentar establecer el libre ingreso y salida a las áreas de concesión, ignorando el derecho a la consulta previa y participación, así como debilitando los estándares ambientales al viabilizar el desarrollo de explotación de hidrocarburos con técnicas nocivas para el ambiente como el fracking y tratar de implementar una exploración sísmica con tan solo una declaración de impacto ambiental .
Asimismo instituciones públicas como Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Ministerio de Energía y Minias, Ministerio de Economía, estuvieron en contra de esta propuesta, presentando luego modificaciones que actualmente se han consensuado entre la comisión y estas instituciones, que si bien modifican parcialmente puntos preocupantes, no corrigen otros puntos fundamentales para el desarrollo sostenible, ni toman en cuenta las observaciones dadas por la Defensoría del Pueblo .