Por María Sembrero
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales
La pandemia por COVID-19 ha generado una crisis económica a nivel global. Ningún país ha podido esquivar las repercusiones sanitarias, económicas y sociales de la crisis generada. Ante ello, la estrategia de reactivación guiada por el gobierno del expresidente Vizcarra priorizó destrabar las inversiones, simplificando medidas administrativas y regulatorias.
Actualmente, se está a la expectativa del camino que seguirá el nuevo Gabinete de Sagasti. No obstante, llaman la atención recientes anuncios sobre la necesidad de implementar cambios legales en el sector extractivo para hacerlos más atractivo ante las inversiones y no para su sostenibilidad y seguridad de las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia.
Por ejemplo, resultan preocupantes las declaraciones en medios comunicación del Ministro de Energía y Minas sobre una propuesta de cambio de la “consulta previa” por el “acuerdo previo” para la exploración minera, con la finalidad de agilizar proyectos, desnaturalizando de esta manera el derecho de consulta previa en el sector extractivo.
Por otro lado, en el último mes desde el Congreso se han presentado proyectos de ley que pretenden debilitar el resguardo de áreas naturales protegidas, tales como el PL Nº 06656/2020-CR, que propone recortar alrededor de 400 hectáreas entre el Parque Nacional Cerros de Amotape y el Área de Conservación Regional Angostura Faical para un proyecto de irrigación en Tumbes.
Otro ejemplo fueron los proyectos Ley N° 06639/2020-CR y N° 06641/2020-CR, con el fin de prescindir en algunos casos de la certificación ambiental; y de promover el crecimiento económico y de crear condiciones para desarrollar la minería aurífera aluvial amazónica como principal actividad económica alternativa ante el COVID-19, sin considerar su impacto en las cuencas amazónicas, respectivamente. Si bien estos PL fueron retirados, delinean la continuidad de la visión del Congreso de flexibilizar estándares ambientales.
Asimismo, cabe recordar que aún está pendiente la evaluación de la propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la cual abriría la puerta para utilizar técnicas como el fracking, que podría traer consigo contaminación del recurso hídrico o su contaminación con sustancias tóxicas, tal como ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe Energía: intereses compartidos en sostenibilidad, servicios de desarrollo y energía (Colborn et al., 2011, citado en OMS, 2013).
Solo en la Amazonía peruana se puede contar más de 400 derrames de petróleo en los últimos 20 años (Mongabay, 2020), en su mayoría producto de fallas operativas y corrosión de la infraestructura; y un aproximado de 3000 toneladas de mercurio arrojadas a los ríos calculados hasta el 2017 (Mongabay, 2018), lo que no solo ha traído graves impactos ambientales sino también en la salud de las poblaciones y que podría contrarrestarse con la toma de medidas que, por el contrario, fortalezcan las salvaguardas sociales y ambientales en el país.
Ante ello, el discurso de ver los trámites administrativos en materia ambiental y/o social como trabas y la estrategia de debilitamiento ambiental que se han dado desde el año 2013, no deben seguir.
Hoy más que nunca es necesaria una estrategia de reactivación económica que incluya la protección social y ambiental; que respete principios de gobernanza como la participación ciudadana y consulta previa; que aborde problemáticas existentes; e integre estrategias para la protección de la salud de la población.
